Puede que le sorprenda saber que la legislación colombiana
cuenta con múltiples disposiciones referentes a archivos de gestión, centrales
e históricos; y que la política del gobierno de implementar el “cero papel”, ya no se limita a las en las
entidades públicas sino que está
comenzando a ser regulada en entidades privadas. La iniciativa se apoya en tres ejes correspondientes
a: la implementación de buenas prácticas, la implementación de sistemas para
gestionar documentos electrónicos y la optimización y automatización de
procesos.
La oficina Cero Papel no propone la eliminación total de los
documentos en papel. La experiencia de países que han adelantado iniciativas
parecidas ha demostrado que los documentos en papel tienden a convivir con los
documentos electrónicos ya que el Estado no puede negar a los ciudadanos,
organizaciones y empresas la utilización de medio físicos o en papel.
El paso de un modelo basado en papel a un modelo electrónico
se levaría a cabo en las siguientes fases:
Uso exclusivo de papel, toda la administración es manual.
Uso exclusivo de papel, la administración se apoya en
aplicaciones de tecnología
Combinación de papel con documentos digitalizados y
electrónicos, la administración se apoya en aplicaciones de tecnología.
Uso exclusivo de documentos electrónicos, toda la
administración utiliza únicamente aplicaciones
La última de las fases (fase 4) constituye un objetivo de
largo plazo que requiere que todas las organizaciones o personas que
intercambien información con la administración pública, utilicen de forma
exclusiva los medios electrónicos, lo que hace necesario que tengan las condiciones
técnicas disponibles y que se generalice el uso de estos medios por cada uno de
ellos.
En lo que respecta a la empresa privada, una de las más
recientes directrices en cuanto a Gestión Documental, corresponde a la
Resolución 8934 del 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que le
ordenó a las empresas e instituciones privadas que están bajo su vigilancia
asegurar la adecuada producción, recepción, distribución, organización,
conservación, recuperación y consulta oportuna de los documentos de archivo,
independientemente del soporte en que se realicen.
Según la Resolución 8934 del 2014, el propósito de esta
medida es garantizar la disponibilidad de la información para la consulta por
parte de la administración, los agentes estatales y la ciudadanía. Las
entidades deberán implementar los siguientes instrumentos:
Programa de gestión
Tablas de retención
Cuadro de clasificación
Tablas de valoración documental
Reglamento interno de archivo.
La adopción de una política de Gestión Documental por parte
de las empresas, más allá de cumplir con
una norma, facilita la eficiencia dentro de la empresa y la comunicación con
agentes externos como clientes y proveedores.
La transición del uso del papel al intercambio y almacenamiento de datos
en forma digital es un gran paso hacia la modernidad que permitirá mantener la
calidad de la información, ofrecer mejores tiempos de respuesta a consultas de
clientes y empleados y un acertado cumplimiento con las medidas, y al mismo
tiempo ahorra dinero al reducir costos de almacenamiento, papel e insumos de
impresión.
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